Preguntas Frecuentes

El compliance penal es una especialización del compliance que se enfoca específicamente en prevenir la comisión de delitos dentro de una organización. En Chile, busca evitar que las empresas incurran en responsabilidad penal por delitos cometidos por sus representantes, administradores o empleados en el ejercicio de sus funciones.

• Ley N° 20.393 : Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Ley N° 19.913 : Prevención del lavado de activos
• Ley N° 21.595 : Delitos económicos y responsabilidad penal empresarial

1. Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley.

2. Los previstos en el artículo 8 de la ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad; en el Título II de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y en los artículos 411 quáter, 448 septies y 448 octies del Código Penal.

Según el art 4°, serán penalmente responsables en los términos de dicha ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley; las empresas, sociedades y universidades del Estado; los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.

La Ley 20.393 permite que las empresas prevengan/atenúen o se eximan de la responsabilidad penal si implementan y mantienen un Modelo de Prevención de Delitos efectivo.

• Designación de un Encargado de Prevención
• Identificación y evaluación de riesgos
• Establecimiento de procedimientos de control
• Supervisión del funcionamiento del modelo
• Revisión y actualización periódica
• Sanciones internas por incumplimientos

• Responsabilidad penal corporativa
• Multas significativas
• Disolución de la persona jurídica
• Prohibición de contratar con el Estado
• Pérdida de beneficios tributarios
• Daño reputacional grave

1. Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva.

2. Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas.

3. Asignación de uno o más sujetos responsables (Encargado de Prevención) de la aplicación de dichos protocolos

4. Previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.

• Tener conocimientos especializados en compliance y legislación penal
• Contar con autonomía e independencia dentro de la organización
• Tener acceso directo al directorio o alta administración
• Disponer de recursos suficientes para cumplir sus funciones
• No tener conflictos de interés
• Mantener confidencialidad de la información sensible

• Al menos anualmente
• Cuando cambien las circunstancias del negocio
• Tras modificaciones en la legislación aplicable
• Después de detectar fallas o incidentes
• Cuando se incorporen nuevas líneas de negocio
• Tras fusiones, adquisiciones o reestructuraciones

• Multas: Entre 200 y 20.000 UTM (aproximadamente $12 millones a $1.200 millones)
• Disolución: En casos graves o reincidencia
• Prohibición de contratar con el Estado: Por 5 a 15 años
• Pérdida de beneficios fiscales
• Comiso de ganancias obtenidas del delito
• Intervención judicial de la empresa

Bajo la nueva normativa de la Ley 20.393, No se exige certificación. Sin embargo, para que este modelo sea efectivo y ajustado a las características del giro de la empresa y su estructura y cultura particular, debe ser diseñado e implementado idealmente por profesionales con conocimientos y experiencia legal en el ámbito penal, y por profesionales formados en Gestión de Procesos, Analítica y estadísticas.

• Automotoras
• Inmobiliarias
• Notarías
• Construcción y obras públicas
• Minería
• Servicios financieros
• Comercio internacional
• Sector público y empresas estatales
• Salud y farmacéutico
• Tecnología y telecomunicaciones

1. Evaluación de riesgos: Identificar exposiciones específicas de tu industria
2. Gap analysis: Determinar qué controles ya existen
3. Diseño del modelo: Crear políticas y procedimientos específicos
4. Designación del Encargado: Nombrar responsable del programa
5. Capacitación: Entrenar a todo el personal relevante
6. Implementación gradual: Poner en marcha por fases
7. Monitoreo continuo: Supervisar efectividad y realizar mejoras

Esta implementación debe ser realizada por profesionales con conocimientos especiales y experiencia en el ámbito del derecho penal y gestión de procesos.

• Reporte de operaciones sospechosas a la UAF (Unidad de Análisis Financiero)
• Implementación de políticas de conocimiento del cliente
• Mantención de registros de transacciones
• Capacitación del personal
• Designación de un oficial de cumplimiento

Algunos de los sujetos obligados incluyen, entre otros:

• Bancos e instituciones financieras
• Casas de cambio
• Automotoras/Rent a Car
• Empresas de factoring
• Corredores de propiedades
• Notarios y conservadores
• Inmobiliarias
• Comercializadores de metales y piedras preciosas

Ver lista completa en link: https://www.uaf.cl/es-cl/sujetos-obligados/sector-privado/quienes-deben-reportar

• Delitos tributarios
• Delitos contra el medio ambiente
• Delitos informáticos
• Delitos contra la libre competencia
• Delitos de cuello blanco en general
• Nuevos tipos de corrupción